Suben los carburantes y Gobierno determina alza salarial y de bonos sociales
El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, anunció anoche la eliminación de la subvención a los carburantes, la declaratoria de emergencia económica, financiera, energética y social, mediante un decreto de emergencia económica que fija nuevos precios para la gasolina especial, premium y el diésel con una vigencia inicial de seis meses. La medida viene acompañada de un paquete de compensación social que incluye incremento del salario mínimo, aumento de la Renta Dignidad y del Bono Juancito Pinto.
NUEVOS PRECIOS DE GASOLINA Y DIÉSEL
En su mensaje emitido desde Palacio Quemado, Paz Pereira confirmó el fin de la subvención generalizada y la aplicación de una nueva estructura de precios para los combustibles.
El denominado “Decreto por la Patria” fija el precio de la gasolina especial en Bs 6,96 por litro, la gasolina premium en Bs 11 y el diésel en Bs 9,80; lo que supone un ajuste significativo respecto a los valores subvencionados vigentes hasta ayer. El Primer Mandatario sostuvo que el objetivo es “garantizar abastecimiento, dar certidumbre a la economía y sincerar la situación de los hidrocarburos” en el país.
Paz anunció además que el diésel será retirado de la lista de sustancias controladas, con el fin de facilitar su importación y asegurar el suministro continuo para el transporte, la producción, la agroindustria y los sectores estratégicos.
“La eliminación de subsidios no significa abandono, significa orden, justicia y redistribución real”, afirmó al justificar el giro en la política de precios.
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y AHORRO FISCAL
El Jefe de Estado argumentó que la eliminación de subsidios responde a distorsiones heredadas en el modelo de subvención, que presionan las cuentas fiscales, las reservas y fomentan el contrabando de combustibles hacia países vecinos.
Los recursos adicionales que se generen con la estabilización de los precios de los hidrocarburos se distribuirán en un esquema 50-50 entre el Gobierno central y los gobiernos subnacionales, con el propósito de mejorar los servicios en salud, educación e infraestructura desde las regiones.
“Vamos a sanar a Bolivia desde las regiones y no desde el centralismo o el Estado tranca”, enfatizó Paz, al remarcar que el país debe “asumir la realidad del sector energético” y dejar atrás normas que calificó como parte de un “modelo de saqueo y despilfarro”.
INCREMENTO SALARIAL Y BONOS SOCIALES
Como contrapeso al impacto del ajuste, el Primer Mandatario anunció que el salario mínimo nacional subirá en 20% hasta los Bs 3.300 a partir de enero de 2026, con una revisión conjunta de la inflación real al final de la gestión junto a empresarios y trabajadores. En el terreno de la protección social, confirmó el incremento de la Renta Dignidad a Bs 500 y la creación del Programa de Protección y Equidad, que entregará hasta Bs 600 en 2026 a padres y madres sin aportes contributivos.
El Gobierno también garantizó el pago del Bono Juancito Pinto 2026, que se elevará a Bs 300 por estudiante, con el argumento de que la permanencia escolar es prioritaria en un contexto de ajuste. “La educación no se negocia”, subrayó Paz al presentar el paquete de medidas.
EMERGENCIA ECONÓMICA Y REFORMAS ANUNCIADAS
Paz describió la situación del país como una economía “herida, con reservas debilitadas, inflación y problemas de abastecimiento de combustibles”, lo que justificó la declaratoria de emergencia económica, financiera, energética y social como una medida de “salvataje”.
A partir de este marco de emergencia, el Ejecutivo adelantó reformas estructurales orientadas a reactivar la inversión y el crecimiento, entre ellas la promoción de inversiones con seguridad jurídica, la aplicación del silencio administrativo positivo para reducir la burocracia y un plan de repatriación de capitales con tasa impositiva cero.
“En Bolivia los ciudadanos no son los enemigos; el enemigo es el corrupto”, concluyó, al presentar un ajuste que marca un silencio en la política de subvención a los hidrocarburos y abre una nueva etapa en la estrategia fiscal y energética del país. (El Diario)