Aseguran que cuando la justicia deja de funcionar la inversión huye

Luis de la Calle sostuvo sin rodeos en un análisis para @BanCoppel: “Cuando la justicia deja de funcionar, la inversión huye. Y cuando la inversión huye, el país empieza a caminar hacia atrás, aunque el Producto Interno Bruto (PIB) todavía no se desplome”. El momento que vive Bolivia es crítico, pues ni bien empezaba a reactivarse con el Decreto Supremo 5503 las logias sindicalistas empezaron a bloquear para no perder sus privilegios. Lo que deja una mala imagen del país.
Un Poder Judicial lento, incierto o politizado no es un problema de abogados: es un problema de todos. Sin jueces que resuelvan, los contratos se vuelven apuestas, la propiedad se vuelve frágil y el dinero se guarda. Menos inversión, menos crecimiento y menos ingresos. El gasto sigue, la aritmética no perdona y la crisis, se cocina a fuego lento, señala el abogado José Mario de la Garza Marroquín en su cuenta @JoseMarioMX, al opinar sobre las declaraciones del economista Luis de la Calle.
Además, expresa que el antídoto no está en discursos ni en negaciones: está en algo más simple y más difícil. Justicia que funcione. Reglas claras y seguridad real. Porque un país puede aguantar malos gobiernos, pero no sobrevive cuando la ley deja de dar certeza.

Bolivia
En el país se aplica ese concepto al recordar que el año pasado la justicia no hizo nada contra los avasalladores, a pesar de haber sido descubiertos en la zona y armados, amenazando hasta a periodistas.
En ese sentido, la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), así como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), los empresarios e industriales, coincidieron por separado, en solicitar al gobierno y a la justica cumplir con su función, haciendo respetar la propiedad privada y el castigo a los responsables.
Las medidas asumidas por algunos sectores afines al MAS iniciaron bloqueos en diferentes zonas del país, tal cual lo hicieron en 2019. Asimismo, los ponchos rojos amenazaron con cercar la ciudad de La Paz en caso de que el Gobierno no ceda.
Esas amenazas violan la libertad de circulación, y la Constitución Política del Estado (CPE) garantiza la libre circulación, pero la ley no protege a la ciudadanía, ni a sectores productivos y menos al transporte.
Algunos analistas señalan que el bloqueo no es una medida social, sino un delito, por lo tanto debe ser sancionado por la justicia como corresponde, ya que perjudica a la ciudadanía.
A pesar de eso, en el Legislativo promueven una ley expresamente que sancione el bloqueo, debido a que esta medida provoca inseguridad jurídica, así como daño económico para el gobierno y las familias bolivianas.
En ese contexto, el director de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, informó que ya se registran daños económicos por los bloqueos instruidos por la Central Obrera Boliviana (COB).
La COB representa viejos poderes y en mucho tiempo se benefició de recursos y bienes. Afirmó que hay una pérdida económica de 40 millones de dólares en la industria y 100 millones de dólares en el sector del transporte.
Bolivia en los últimos años, el gobierno del MAS mantuvo bajo sus órdenes a la justicia, por ello las personas que provocaban daños a la propiedad privada o avasallaban terrenos, no eran sancionados, sino premiados.
Uno de los casos más emblemáticos fue la muerte del que denunció la corrupción en el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), Marco Aramayo, quien tuvo que enfrentar detención preventiva y varios procesos por parte del gobierno del MAS, pero los denunciados salieron libres. (El Diario)