Gobierno busca frenar la inflación y se prepara para aplicar otras medidas


El Gobierno va implementado medidas para frenar la inflación y al parecer está preparando el terreno para aplicar otras políticas para estabilizar la economía y empezar a crecer. Aunque en 2025 la inflación terminó con un poco más de 20%, la cifra afecta a las familias más vulnerables.
El Banco Central de Bolivia (BCB) está retirando liquidez del mercado para que haya menos demanda y por tanto se sofoque el alza de precios. Lo está haciendo mediante la venta de más letras del Tesoro, a más largo plazo y con mayor interés. El combate contra la crisis no acaba hasta que se estabilicen las finanzas y se detenga la inflación, señala el economista y empresario Samuel Doria Medina en su cuenta @SDoriaMedina.


“Los consumidores no producen inflación. Los productores no producen inflación. La inflación solo se produce por el exceso de gasto descontrolado gubernamental y de creación de dinero descontrolado por parte del Gobierno, y nada más”, según explicación del Nobel de Economía, Milton Friedman.
Esa opinión es compartida por el economista e investigador Fernando Romero, quien asegura que al final de la gestión 2025, la emisión monetaria alcanzó la cifra de 103.287 millones de bolivianos y el crédito neto al Sector Público No financiero (SPNF) llegó a 159.076 millones.


“Quiere decir que la solución está clara, ya que el origen de los males es el gasto público sobre dimensionado (que hizo la anterior administración del Estado, es decir el MAS), que fue financiado con endeudamiento interno y con respaldo de mayor emisión monetaria inorgánica”, reflexionó.
Asegura que, si no se hacen los ajustes correspondientes de fondo, las medidas que aplique el Gobierno aliviarán al enfermo, pero el mal puede volver con más fuerza.

Coyunturales
Para el economista, el Ejecutivo sigue en el camino de la aplicación de medidas coyunturales y no estructurales, hasta la fecha lo más relevante fue la eliminación de la subvención a los carburantes.
Ahora, si bien en el bimestre último de 2025 se observa la aplicación de una política monetaria restrictiva por parte del BCB, que conlleva frenar la circulación de dinero y recoger recursos del mercado nacional, a través de activos financieros, como la venta de letras, esto ha provocado el encarecimiento de los créditos y todavía se desconoce los efectos en el diferimiento, señaló.
Aunque no se ve los efectos inflacionarios, la decisión gubernamental tiene un costo económico ya que provocará que la economía boliviana se desacelere o en el caso del país continúe en una recesión.
Ya el analista económico Gonzalo Chávez reiteró en varias oportunidades, que el país registra una estanflación y crecimiento bajo con una alta inflación.
La política restrictiva va en desmedro del crecimiento económico, lastimosamente, sostiene Romero a tiempo de señalar que tratar de estabilizar y sacar de la crisis al país, es un tema complejo, más aún en un país influido por factores políticos y sociales.

Gente
A pesar de ese panorama negativo en el plano macroeconómico, el entrevistado asegura que la gente no se queja de algo que no ve, como el decrecimiento, pero si lo siente en sus bolsillos cuando se registra inflación, debido al incremento de precios de los productos en el mercado.
En ese marco, plantea que el Gobierno deberá aplicar otras medidas que dinamicen e impulsen la economía boliviana, como aumentar las exportaciones, atraer inversiones extranjeras o buscar financiamiento externo, que sea orientado a proyectos de alto impacto económico y social para bajar los riesgos de endeudamiento.

Medidas
Las acciones del gobierno de Rodrigo Paz apuntan a preparar el terreno para implementar otras medidas económicas y que el impacto en el bolsillo no sea tan alto, según la percepción de la gente.
Mientras tanto, Romero opina que el otro paso que debería dar el Gobierno, en el primer semestre, si logra tener el colchón económico, es aplicar una devaluación de la moneda, es decir pasar de un tipo de cambio fijo a uno flotante.
Esa decisión implicará un reajuste del gasto estatal y también fijar una política energética clara, en especial respecto a los hidrocarburos, gasolina y diésel, que tendrán una variación en sus precios cada seis meses.
Por lo que sugiere preparar el terreno a través del consenso y el diálogo, no condicionado ni presionado como se lo hizo con el Decreto Supremo 5503, en el que avanzó un paso, pero retrocedió dos.
También el Legislativo deberá formar parte y reducir el costo social que implique la aplicación de medidas económicas.
Por otro lado, Darío Monasterio sostiene que la aplicación del arancel cero para equipos tecnológicos es una buena medida, que reducirá el impacto de la devaluación que implemente el gobierno con la modificación del tipo de cambio. (El Diario)