CRISIS.- El gerente general de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arze, alertó que el sector atraviesa la peor crisis de su historia debido a deudas acumuladas del Estado, la falta de reajuste de precios en contratos públicos, la escasez de dólares y decisiones municipales que han llevado a la quiebra a más de 50 empresas constructoras. El sector se declara en emergencia y anuncia paralización de obras, rescisión de contratos y posibles acciones legales.

El gerente general de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arze, afirmó que el sector de la construcción atraviesa la peor etapa de su historia, reflejando con crudeza la crisis económica que vive el país.

“La construcción siempre ha sido el termómetro de cómo está la economía. Hoy ese termómetro marca una situación extremadamente crítica”, sostuvo Arze, al explicar que los problemas se han ido acumulando durante los últimos dos años, especialmente entre 2023 y 2024, con un impacto severo en Santa Cruz.

Arze explicó que uno de los factores más graves es la deuda flotante que mantienen distintas instituciones del Estado, incluyendo entidades territoriales autónomas, gobernaciones y el nivel central, con retrasos de hasta un año y medio en el pago de planillas de obras ejecutadas.

En el caso de Santa Cruz, señaló que el Gobierno Municipal ha incurrido en prácticas que han agravado la situación financiera de las empresas constructoras, generando un escenario de inviabilidad contractual.

El gerente de Cadecocruz recordó que desde la promulgación del Decreto Supremo 181, en 2009, los contratos con el Estado incluyen una cláusula que impide el reajuste de precios por cualquier motivo, obligando a las empresas a asumir todos los incrementos de costos.

“El 80% de los materiales de construcción son importados. Cuando sube el dólar, cuando suben los impuestos o hay inestabilidad económica, el constructor asume toda la pérdida”, explicó Arze, aclarando que en contratos privados existe negociación, pero en los contratos estatales se trata de contratos de adhesión, sin margen de ajuste.

A esta estructura normativa se suman factores coyunturales como la escasez de dólares, el incremento sostenido del precio de los materiales, la inestabilidad política y la falta de liquidez presupuestaria del Estado.

“Hoy las obras son totalmente inviables. Se pone en riesgo el patrimonio de las empresas y ya no es posible continuar bajo estas condiciones”, advirtió.

Durante el primer semestre de 2025, el sector logró la promulgación del Decreto Supremo 5303, que habilitaba el reajuste de precios. Sin embargo, Arze denunció que la falta de voluntad política y la burocracia impidieron su aplicación efectiva.

Posteriormente, el Decreto Supremo 5321 amplió plazos y flexibilizó algunos aspectos, pero nuevamente quedó supeditado a la disponibilidad presupuestaria de las entidades públicas.

“Si las entidades no tienen recursos, no reajustan. Y si piden apoyo al Ministerio de Economía, la respuesta es que no pueden endeudarse más. En la práctica, el reajuste no funcionó”, lamentó.

Ante este escenario, y tras la emisión de un nuevo decreto en diciembre de 2025, el sector constructor decidió poner un alto. En una reunión nacional de las nueve cámaras departamentales, se resolvió paralizar obras, iniciar rescisión de contratos y trasladarse a la ciudad de La Paz para exigir soluciones estructurales.

A esta movilización se sumarán la Sociedad de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos y trabajadores del sector.

“No se trata solo de las empresas constructoras. Estamos hablando de casi un millón y medio de fuentes de empleo directas e indirectas que dependen de la construcción”, enfatizó Arze.

Arze fue particularmente crítico con la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, a la que acusó de actuar con mala fe y de generar un daño estructural al sector.

Denunció que el municipio habría gestionado préstamos bancarios a nombre de las empresas constructoras, cuyos desembolsos no llegaron a su destino, además de inducir a las empresas a facturar planillas que luego no fueron pagadas, obligándolas a asumir impuestos sin haber recibido recursos.

“Eso permitió mostrar una ejecución presupuestaria ficticia, mientras las empresas quedaban asfixiadas financieramente”, sostuvo.

Como consecuencia directa de estas prácticas, Arze reveló que más de 50 empresas constructoras en Santa Cruz han quebrado, muchas de las cuales han abandonado la formalidad y hoy operan únicamente como subcontratistas para intentar sobrevivir.

“Las pequeñas y medianas empresas son la base del sector. Cuando se les hace este tipo de jugadas, simplemente quiebran”, afirmó.

La asamblea de Cadecocruz otorgó mandato expreso a su directorio para iniciar acciones legales por presunta malversación de fondos, no contra una persona en particular, sino contra la institución municipal.

“El daño a la industria de la construcción es gravísimo y lo que se está dejando como herencia a la próxima gestión municipal es un panorama extremadamente complicado”, advirtió Arze.

Finalmente, el gerente de Cadecocruz sostuvo que el sector aún está dispuesto a buscar salidas negociadas, analizando contrato por contrato para definir cuáles pueden continuar y cuáles deben rescindirse de forma consensuada, evitando mayores perjuicios al Estado y a las empresas.