Cierre de la ANH plantea un proceso que no se resuelve con un decreto
Expertos advierten que el cambio debe garantizar la continuidad de la regulación, fiscalización y otras tareas, además de definir las competencias de la nueva entidad mediante la nueva Ley de Hidrocarburos.
El anuncio del Gobierno de cerrar la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y reemplazarla por otra entidad, plantea un proceso que, según expertos en hidrocarburos, no puede limitarse únicamente mediante un decreto. El cambio implica establecer qué funciones asumirá el nuevo organismo y revisar el marco legal que actualmente sustenta las tareas de regulación, fiscalización y control de la cadena hidrocarburífera.
“Nosotros estamos cerrando la ANH para abrir otra empresa, con otra gente, porque hay que cambiar la manera en la que trabaja esa empresa”, manifestó el ministro de Hidrocarburos el lunes en una entrevista radial y anunció que en unos días estaría listo el decreto de cierre.
No obstante, expertos en hidrocarburos consideran que si se quiere lograr una reforma profunda para tener una entidad que realmente cumpla con la regulación, fiscalización y control de la cadena de suministro de combustibles, además de la coordinación de la lucha contra el contrabando, entre otras funciones, es necesaria una norma superior a un decreto.
El experto en hidrocarburos de Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, sostuvo que el problema de la ANH “va más allá de su nombre” y responde a una crisis institucional que arrastra el sector desde hace años.
“Hay un problema estructural de institucionalidad en el sector hidrocarburos”, afirmó, al señalar que en las últimas dos décadas la ANH fue “altamente politizada, burocratizada”.
El principal obstáculo para una sustitución inmediata está precisamente en el marco legal. Velásquez explicó que la Ley de Hidrocarburos 3058, vigente desde 2005, todavía se refiere a la antigua Superintendencia de Hidrocarburos y no establece con claridad las competencias actuales de la ANH. “La ANH no tiene competencias claras, incluso en su rol de fiscalización”, afirmó.
Por ello, consideró que una transformación institucional de fondo debe pasar por una nueva Ley de Hidrocarburos y no únicamente por un decreto supremo. “El instrumento para hacerlo no puede ser pues un decreto supremo ni una norma de menor jerarquía, sino que el espacio correcto es la Ley de Hidrocarburos”, sostuvo.
Explicó, que un decreto puede ser modificado por el Ejecutivo, mientras que una ley requiere un debate parlamentario y ofrece mayor estabilidad al diseño institucional.
Sin embargo, además del cambio normativo, los expertos advierten que existe un problema operativo: la ANH no puede dejar de realizar las funciones que actualmente tiene a su cargo mientras se define su reemplazo.
Asimismo, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos advirtió que la transición no puede producirse de manera inmediata si no existe previamente una estructura que asuma las competencias que actualmente tiene la ANH.
Entre las tareas que mencionó Ríos están el control de los volúmenes despachados en los surtidores, la fiscalización de la calidad de las importaciones realizadas por YPFB y privados, el seguimiento del movimiento de combustibles hacia los surtidores, el funcionamiento del sistema B-SISA y la calibración de medidores. También señaló que la ANH tiene entre sus atribuciones la regulación de tarifas de transporte de hidrocarburos.
El marco de funciones revisado establece además que la entidad reguladora debe otorgar licencias a estaciones de servicio y distribuidoras de GLP, controlar el cumplimiento de precios oficiales y verificar la exactitud de los volúmenes comercializados. (El Deber)