DS 5676 enfrenta rechazo y retrasa las modificaciones
> La decisión del Gobierno apunta a reducir el déficit fiscal y el contrabando. Analistas del sector hidrocarburos plantean un levantamiento total de las subvenciones para sincerar el mercado nacional.
Acercarse a la realidad cuesta, así lo muestran los rechazos y pedidos de anulación del Decreto Supremo 5676, que establece un precio diferenciado para grandes consumidores a 18 bolivianos el litro, mientras para particulares y transporte se mantiene en 9,80 bolivianos. Sectores de la minería y agroindustria ya establecieron su posición contra la norma, mientras analistas económicos y de hidrocarburos apoyan la decisión, pero piden que vaya acompañado de políticas sociales.
El lunes, el presidente de la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran), Álvaro Ayllón, sostuvo que los precios de los productos deberían mantenerse debido a que las cooperativas y los transportistas ya adquirían el carburante entre 15 y 20 bolivianos por litro.
Mientras ayer, Andrés Paye, ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, aseguró que la norma afectará al sector.
Por ello, el dirigente pide que el ministro de Minería se pronuncie sobre este reajuste del combustible, ya que el incremento impactará en el costo de las operaciones mineras.
Entretanto, la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia rechazó el decreto y pidió su abrogación, porque el porcentaje de afectados estará en 50%.
Riesgo en el sector de la construcción
La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) expresó su profunda preocupación por el nuevo golpe que recibe el sector con el Decreto Supremo, que implica un incremento casi del 100% y empuja a la quiebra el equilibrio económico de los contratos de obras vigentes, agrava la crisis que encara toda la cadena de la industria de la construcción. Con certeza causará no solo el retraso y paralización de obras, sino que pone en riesgo su continuidad, la estabilidad laboral de miles de familias y la subsistencia de las empresas del sector, señala el pronunciamiento del sector.
“El diésel es un insumo indispensable para operar nuestros equipos y maquinaria, transportar materiales, movilizar fletes de importación, entre otras actividades, por lo que el incremento del precio genera un escenario crítico que derivará en incumplimiento de contratos, por causas atribuibles exclusivamente a las medidas del Gobierno”, apunta la nota.
No se pueden trasladar de manera unilateral los efectos de reducir el déficit fiscal del Estado a las constructoras y otros sectores de la actividad económica, sostienen.
Ante ese escenario adverso, el sector demanda la real e inmediata aplicación del Decreto Supremo 5596 de reajuste de precios por parte de todas las entidades públicas contratantes, mediante los contratos modificatorios correspondientes, y la inclusión del nuevo precio del diésel, que implica reconocer formalmente el incremento dentro de las fórmulas de reajuste de costos, ya que no puede ser asumido exclusivamente por el empresariado.
“En Cadecocruz sostenemos que es urgente que el Gobierno Central y las entidades contratantes convoquen a mesas de trabajo con los constructores para evaluar el impacto real de esta medida y concertar soluciones viables que garanticen las actividades del sector”, señala el sector.
Exportadores
Por su parte, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) sostuvo que “lo crítico ahora es cómo se aplicará y qué impacto real puede tener en cada empresa”.
Caneb y las cámaras departamentales identificaron aspectos que aún deben ser aclarados sobre categorías alcanzadas, precio aplicable, transición, cupos, contratos y tratamiento de flotas, maquinaria y consumos estacionales.
“Ya se definieron gestiones concretas ante el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, ANH y YPFB”, indica la entidad exportadora.
Apoyo
Analistas del sector energético, como Álvaro Ríos, así como de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, apoyaron la medida, e indicaron, por separado, que ese es el camino correcto para garantizar el abastecimiento.
Pero también abogan por la implementación de políticas sociales en favor de las familias más vulnerables.
El lunes y ayer ya se pronunciaron los sectores productivos en rechazo a la normativa, mientras el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, anunció reuniones y aseguró que se socializó la medida.
En una primera instancia, cuando se eliminó la subvención a la gasolina y diésel, el Gobierno informó un ahorro de 10 millones de dólares, pero el conflicto bélico en Medio Oriente provocó nuevamente la implementación de este mecanismo. (El Diario)