Empresas públicas acumulan Bs 8.100 millones de deuda tributaria
La OFEP identificó que en muchos casos las obligaciones con Impuestos Internos no fueron registrados en sus estados financieros. El hallazgo se suma a las deudas con bancos, la Gestora y proveedores
La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) detectó que varias empresas públicas acumulan alrededor de Bs 8.100 millones de deuda con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). En varios casos las obligaciones no fueron reflejadas en los balances financieros de las compañías estatales.
“Hemos detectado que varias de estas empresas estatales le deben casi Bs 8.100 millones de bolivianos a impuestos internos, mismos que en muchos de los casos se ha podido verificar que no aparecen en su balance”, afirmó el director ejecutivo de la OFEP, Pablo Camacho.
La revelación forma parte del diagnóstico integral elaborado por la instancia sobre la situación económica, financiera y jurídica de las empresas públicas, que quedó establecido con la promulgación de la Ley del Presupuesto General del Estado 2026 reformulado.
El director de la OFEP explicó que el monto de Bs 8.100 millones fue identificado a partir del cruce de información proporcionada por distintas entidades estatales. La OFEP trabajó, entre otras instituciones, con el Servicio de Impuestos Nacionales, el Banco Central de Bolivia y otras instancias públicas, para contrastar la información disponible sobre las empresas.
El dato amplía el panorama sobre la situación financiera de las empresas públicas, que además arrastran obligaciones con entidades financieras, el Tesoro, la Gestora Pública y proveedores, entre otros.
“Entonces, estas empresas no sólo le deben al tesoro, no sólo le deben al banco, también le deben impuestos, también le debían a las AFP, hoy la Gestora, deben a proveedores, etc.”, afirmó la autoridad.
Asimismo, señaló que si bien el informe de la OFEP permite identificar los problemas financieros y el estado actual de las 67 empresas públicas, serán las auditorías que permitirán establecer responsabilidades administrativas o legales con la documentación de respaldo.
El diagnóstico comprendió a 67 empresas públicas, de las cuales 42 son completamente estatales y 25 tienen participación mixta pero el Estado continúa siendo el accionista mayoritario.
La revisión confirmó que la situación financiera no es igual en todas las compañías. Los datos preliminares expuestos por Camacho señalaron que solo YPFB, ENDE y Comibol registraron utilidades, mientras otras empresas acumularon pérdidas y deterioro patrimonial.
Empresas criticas
El diagnóstico que la OFEP remitió al Ejecutivo identifica a más de 20 empresas en situación crítica y algunas presentan quiebra técnica.
Camacho señaló que el documento sobre el nuevo diagnóstico ya fue remitido al Ejecutivo y se encuentra a la espera de su consideración por el Consejo Superior de Empresas Públicas (COSEP) para su evaluación.
“Estamos a la espera de que el Consejo Superior de Empresas Públicas convoque a una reunión de manera urgente. Nosotros hemos enviado la información al presidente, que en este caso es el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, que tiene que convocar a este consejo para hacer la evaluación”, sostuvo el director de la OFEP.
La situación financiera encontrada por la oficina se suma a los datos que ya había presentado sobre las empresas estatales. En julio, la OFEP informó que las 15 empresas consideradas críticas registraban pérdidas acumuladas por Bs 5.177 millones, equivalentes al 42% de su patrimonio. Para el conjunto de las empresas públicas, la pérdida acumulada alcanzaba Bs 12.742,8 millones.
En ese mismo informe, la OFEP reportó que las empresas públicas habían recibido Bs 18.227,6 millones en créditos y todavía mantenían un saldo vigente de Bs 16.273,4 millones, además de Bs 1.182,9 millones en cuotas vencidas.
Para el economista Germán Molina, el Estado debe evaluar el costo de mantener empresas que continúan generando pérdidas frente al costo de cerrarlas. Un análisis que a su consideración debe incluir las obligaciones laborales, el valor de los activos y la posibilidad de recuperar aquellas compañías que todavía tienen capacidad productiva.
“Hay que tener en cuenta que este año se proyecta una contracción económica, casi igual que la del pasado año de -3,2% aproximadamente”, puntualizó.
Molina considera que una alternativa para evitar el cierre de las empresas sería la participación privada. Sin embargo señaló que una alianza público-privada no resolvería de inmediato la situación de las empresas más deterioradas, por lo que es necesario determinar cuáles tienen posibilidades reales de recuperación.
Camacho explicó que el cierre de una empresa pública requiere procedimientos diferentes a los de una compañía privada. Dependiendo de la naturaleza jurídica de cada entidad, puede ser necesario aprobar decretos o leyes, e incluso cumplir disposiciones constitucionales. (El Deber)