El FMI ofrece oxígeno a Bolivia, pero el ajuste llegará antes que la recuperación
El acuerdo puede aliviar la falta de divisas y recuperar la confianza, pero compromete al Gobierno a eliminar la subvención a los combustibles desde enero de 2027. Marcelo Trigo advierte que el país deberá ajustarse mientras la economía continúa en recesión.
El precio que hoy paga un transportista por el diésel, una familia por la gasolina o un productor para mover su maquinaria tiene fecha de vencimiento. Bolivia se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a eliminar desde enero de 2027 la subvención a los combustibles y reemplazarla por precios que cubran sus costos reales.
Es la decisión más sensible de un programa que puede aportar $us 1.900 millones, fortalecer las reservas y calmar las presiones sobre el dólar, pero que también anticipa un periodo difícil. El ajuste comenzará cuando la economía todavía esté en recesión y antes de la recuperación proyectada para 2028.
El Memorando de Políticas Económicas y Financieras establece que el Presupuesto General del Estado de 2027 no podrá asignar recursos del Tesoro ni de las empresas públicas para subvencionar los combustibles. Hasta mediados de enero de 2027 los precios permanecerán congelados. Después deberán adecuarse a una fórmula que incorpore el tipo de cambio flexible y los costos de importación, refinación y comercialización.
No se conoce todavía cuánto costará el litro de gasolina o diésel desde enero. Tampoco está definido si el ajuste será inmediato o escalonado. Lo que sí está escrito es que los precios deberán alcanzar un nivel que permita recuperar los costos.
La medida aliviará una de las mayores cargas sobre las finanzas estatales, pero puede trasladarse rápidamente al transporte, la producción y los alimentos. El propio memorando admite que la eliminación de la subvención puede retrasar la reducción de la inflación y provocar nuevas tensiones sociales.
Marcelo Trigo, expresidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), coincide con la necesidad de enfrentar ese problema.
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Trigo entrevista con el programa Influyentes de EL DEBER
“Yo no veo otra solución de que se levante el subsidio”, afirmó. A su juicio, mantener precios distintos genera distorsiones, alimenta el contrabando y obliga a toda la población a financiar un beneficio que no siempre llega a quienes más lo necesitan.
La salida, plantea, debe incluir ayuda directa para los hogares vulnerables. Sin embargo, el programa revela una peligrosa carrera contra el tiempo: el combustible dejará de estar subvencionado desde enero, pero el marco jurídico del registro social unificado recién debe presentarse hasta marzo de 2027. La integración completa de las bases de beneficiarios está proyectada para 2028.
El riesgo es evidente. Los precios pueden subir antes de que el Estado tenga listo un sistema capaz de identificar y compensar a las familias que no podrán absorber el golpe.
Los dólares compran tiempo
Los $us 1.900 millones del FMI pueden darle a Bolivia algo que hoy necesita con urgencia: divisas y tiempo. El país debe importar combustibles, pagar deuda externa, devolver gradualmente depósitos en dólares y reconstruir unas reservas que llegaron a niveles críticos.
El financiamiento todavía requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo y la autorización de la Asamblea Legislativa para efectuar los desembolsos. No será un monto entregado de una sola vez ni un cheque que el Gobierno pueda gastar libremente. El cumplimiento será evaluado cada tres meses.
Trigo considera que el principal valor del acuerdo no está solamente en los recursos comprometidos. El respaldo del Fondo puede recuperar la confianza de otros acreedores y abrir el acceso a nuevos créditos.
“Una vez que se firma este programa, es como que se levanta la bandera a cuadros para poder acceder a otros fondos”, explicó.
El expresidente de Asoban estima que el programa podría facilitar entre $us 4.000 millones y $us 5.000 millones adicionales provenientes de organismos multilaterales.
Para el analista, los dólares deben utilizarse primero para estabilizar la economía, no para abrir una nueva etapa de gasto.
“Más que actividad, lo que tienen que hacer los recursos del Fondo es dar certezas y dar confianza a la población, estabilizar el tipo de cambio”, señaló.
Su diagnóstico parte de una imagen sencilla: “El tipo de cambio es el síntoma, es como la temperatura en el cuerpo”.
La enfermedad está en otra parte. Bolivia perdió ingresos por la caída de la producción de gas, generó menos divisas y sostuvo durante años un gasto superior a sus ingresos. En 2025, según el memorando, el déficit fiscal llegó al 11% del producto interno bruto (PIB), el financiamiento monetario alcanzó el 7% y la deuda pública superó el 80%.
La falta de dólares y el debilitamiento del Banco Central terminaron haciendo insostenible el anterior tipo de cambio fijo. Por eso, el acuerdo compromete al país a mantener un régimen flexible. Las variaciones de la cotización dejarán de ser una anomalía para convertirse en parte de las decisiones habituales de empresas y familias.
Los recursos del FMI pueden contener la presión, pero no curan la enfermedad descrita por Trigo. Para eso será necesario reducir el déficit, recuperar exportaciones y atraer inversión.
La factura del ordenamiento
El compromiso fiscal es profundo. El Gobierno deberá ejecutar un ajuste equivalente aproximadamente al 8,5% del PIB entre 2026 y 2029. La meta es eliminar el déficit primario y reducir el déficit global hasta el 3,5% del PIB al finalizar el programa.
La mayor parte de la corrección se concentrará al comienzo. Además de retirar la subvención, el Ejecutivo deberá limitar nuevas contrataciones, contener la masa salarial estatal, reducir gastos en bienes y servicios y revisar otras subvenciones. También podrá postergar o cancelar proyectos de inversión considerados de baja prioridad.
Trigo valora que el dinero esté condicionado al cumplimiento de objetivos.
“No es plata, no es un cheque en blanco”, resumió.
Esa disciplina puede devolver credibilidad a las cuentas públicas, pero tiene un costo: menos gasto estatal significa también menos movimiento económico en un país que todavía no sale de la recesión. El memorando prevé que la actividad continuará contrayéndose en 2026, tocará su nivel mínimo en 2027 y recién comenzará a recuperarse en 2028.
La política del Banco Central caminará en la misma dirección. Para contener la inflación, deberá limitar la cantidad de dinero en circulación, absorber liquidez cuando sea necesario y mantener cerrado el financiamiento directo al sector público.
El acuerdo también compromete al Gobierno a eliminar hasta junio de 2027 los topes a las tasas de interés y los cupos obligatorios de crédito. La medida puede alterar las condiciones de los préstamos productivos y de vivienda social, y permitir que los bancos definan las tasas según el costo del dinero y el riesgo de cada cliente.
Así aparece la paradoja del programa: las mismas medidas destinadas a ordenar el dólar, bajar la inflación y recuperar reservas pueden encarecer el crédito, reducir la demanda y profundizar temporalmente la contracción.
Trigo compara la economía boliviana con una familia que perdió ingresos, gastó sus ahorros y mantuvo durante demasiado tiempo un nivel de vida que ya no podía financiar. Su mensaje final es directo: “Al ciudadano nos toca un poco ajustarnos el cinturón”.
El FMI puede darle oxígeno a Bolivia, pero no evitará la factura. El desafío será atravesar el ajuste sin que la búsqueda de estabilidad asfixie la actividad productiva ni descargue su mayor peso sobre quienes tienen menos recursos para soportarlo. (El Deber)