Privados apoyan ajustes, pero temen contracción
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó este domingo su respaldo a las recientes medidas económicas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar la crisis, pero advirtió que el proceso de ajuste podría derivar en una “etapa de contracción” que afecte el empleo y la actividad de las empresas, por lo que exigió un plan de protección social inmediato y la aprobación urgente de normas para atraer inversión.
El gremio empresarial, en un pronunciamiento, valoró la Ley 1765, que concreta un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que, según la CEPB, “viabiliza un programa de reformas orientado a recuperar la estabilidad económica y financiera” del país. También destacó el Decreto Supremo 5716, que “contribuye a transparentar la estructura de precios de los carburantes” y a “enfrentar el contrabando” (la norma que puso fin a la subvención del diésel), las medidas de apoyo social dirigidas a los sectores vulnerables, y el Decreto Supremo 5707, que amplió el estado de excepción por 90 días más, orientado a “preservar el orden público y garantizar la libre circulación”.
Sin embargo, la entidad expresó su preocupación por “los efectos que el proceso de ajuste puede generar sobre la actividad de los sectores productivos, el comercio y los servicios, y por la eventualidad de una etapa de contracción con impacto sobre el crecimiento, el empleo y la capacidad de las empresas para sostener sus operaciones”. “Las consecuencias del ajuste deben enfrentarse con la misma decisión con la que se están enfrentando sus causas”, advirtió la CEPB.
Agregó que la situación de las empresas medianas y pequeñas es particularmente delicada. “Una nueva carga regulatoria, tributaria, financiera o salarial que afecte su estabilidad podría provocar cierres, pérdidas de empleo, reducción de inversiones y una crisis generalizada que terminaría debilitando los propios objetivos de recuperación”, indicó el gremio, que planteó que la estabilidad de las empresas debe constituirse en una prioridad nacional.
La CEPB, en ese sentido, pidió un plan de protección social “inmediata, integral y focalizada” que resguarde a los “sectores más vulnerables, preserve el empleo y evite que los efectos de la transición económica recaigan sobre quienes tienen menor capacidad para enfrentarlos”.
En el plano legislativo, el gremio remarcó que “es urgente” que se aprueben, en lo que resta de este año, “las leyes de Inversiones, Minería e Hidrocarburos, así como los ajustes puntuales al Código de Comercio y el Código Tributario, bajo principios de claridad, eficiencia, seguridad jurídica y estabilidad de reglas”.
“Nuestra economía necesita de normas que atraigan inversión nacional y extranjera, protejan los derechos adquiridos, reduzcan la incertidumbre y permitan desarrollar sectores estratégicos capaces de generar divisas, producción, empleo y recursos para el Estado. En consecuencia, las modificaciones deben concentrarse en objetivos concretos y evitar procesos excesivamente prolongados, controversiales o sujetos a incertidumbre política”, remarcó la CEPB.
Por lo mismo, pidió al Ejecutivo y al Legislativo fortalecer la coordinación y priorizar las soluciones a la crisis por encima de intereses coyunturales.
En esa línea, el gremio advirtió que el país no puede caer en un nuevo ciclo de bloqueos de carreteras como el que se registró en mayo y junio pasado, cuando sectores radicales paralizaron gran parte del país con un movimiento que buscó el derrocamiento del gobierno de Rodrigo Paz.
“Bolivia está apenas en el inicio de la ruta hacia la recuperación. Es un camino largo y difícil, pero debemos seguir adelante. Nuestro país no puede padecer un nuevo ciclo de bloqueo de carreteras, ni permitir que se utilice el malestar social para activar la confrontación política, producir inestabilidad y afectar la convivencia democrática”, señaló la CEPB, que insistió en que “Bolivia necesita atraer inversiones, producir y generar empleo”.
Postura
1. Medidas adoptadas: La CEPB saludó la Ley N° 1765 del acuerdo con el FMI, el DS N° 5716 sobre precios de carburantes, los bonos sociales y el DS N° 5707 para preservar el orden público.
2. Efectos del ajuste: Pidió enfrentar las consecuencias “con la misma decisión” que sus causas, por el riesgo de contracción económica.
3. Protección social: Exigió un plan “inmediato, integral y focalizado” para sectores vulnerables.
4. Normas de inversión: Calificó de “urgente” aprobar el paquete de leyes estructurales, entre ellas la de Inversiones, Minería e Hidrocarburos.
5. Respaldo empresarial: Reiteró su acompañamiento a los ajustes, rechazando un “nuevo ciclo de bloqueo de carreteras”. (Correo del Sur)