ENDE debe hasta Bs 18.000 millones al Banco Central


La Procuraduría denunció a 23 personas por presuntas irregularidades en tres termoeléctricas que acumulan Bs 8.307 millones en créditos pendientes de pago

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) arrastra una deuda de entre Bs 17.000 y Bs 18.000 millones con el Banco Central de Bolivia (BCB). La cifra fue revelada por su presidente ejecutivo, Mario Larraín, durante la presentación de tres denuncias penales por presuntas irregularidades en proyectos termoeléctricos de Warnes, Entre Ríos y Del Sur.

El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, informó que las tres plantas fueron financiadas con créditos del BCB por Bs 9.614 millones. De ese monto, Bs 8.307 millones continúan impagos, equivalentes al 86% de lo desembolsado. «En todo este tiempo solamente se ha pagado al Banco Central el 14%», precisó.

La Procuraduría cuestiona que los proyectos se contrataran sin estudios técnicos y económicos suficientes para justificar las inversiones. ENDE presentó ante la Fiscalía tres denuncias penales contra 23 personas, entre exautoridades y antiguos ejecutivos de la empresa, por presunta conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

El presidente ejecutivo de ENDE, Mario Larraín, sostuvo que las inversiones fueron sobredimensionadas y que el endeudamiento compromete las finanzas de la empresa. Aclaró que la deuda total incluye otros proyectos, además de las tres termoeléctricas investigadas.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, introdujo un matiz: «Las plantas operan en este momento y van a seguir operando porque de lo que tenemos en la actualidad son las más eficientes». No obstante, cuestionó haber ampliado la generación con gas cuando la producción de ese combustible disminuye y la capacidad instalada supera la demanda eléctrica. El ministro dijo que la capacidad instalada de generación supera la demanda del Sistema Interconectado Nacional.

Blanco confirmó que existen exportaciones de electricidad a Argentina, aunque bajo contratos interrumpibles. También señaló que el Gobierno busca asegurar el suministro de gas para sostener la generación.

El saldo de Bs 8.307 millones es una deuda pendiente, no un daño económico probado. Corresponderá a la investigación establecer si hubo perjuicio al Estado y determinar responsabilidades penales del país. (El Deber)