Los conflictos con universidades, municipios y Aasana desnudan problemas de liquidez del Estado
¿Se está quedando el Estado sin recursos?, la respuesta es no, pero está en serios problemas para repartir la torta de ingresos que generan sus fuentes de financiamiento. Solo basta ver tres conflictos y demandas de sectores como la universidades, municipios y trabajadores aeronáuticos, que dejan al descubierto las dificultades que tiene la administración del presidente Luis Arce para repartir estos recursos.
Pero esto se venía venir, aseguran los economistas consultados. El panorama de las arcas ya era sombrío en los últimos años de gestión de Juan Evo Morales, por la caída en los ingresos generados por las exportaciones de gas, una de las principales fuentes de financiamientos. En 2014 las exportaciones de gas natural, según cifras del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) llegaron a $us 6.646 millones.
Para este 2021, el Ministerio de Hidrocarburos prevé que los recursos generados por la venta de este producto apenas supere los $us 1.900 millones.
Conflictos
Los bajos ingresos del Estado han repercutido en los gobiernos subnacionales y entidades descentralizadas. Justamente, una de ellas salió recientemente a las calles para demandar más presupuesto.
Se trata de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) que pide mayores recursos para pagar sueldos.
Oscar Nogales, director administrativo de la Uagrm explicó que la casa superior tiene problemas presupuestarios y de liquidez que han impedido que se cumplan con el pago de sueldos a personal administrativo y docentes.
“Los recursos (asignados por el Estado) no nos llegan oportunamente para poder cubrir nuestros pagos. No reunimos el efectivo para poder pagar nuestras planillas”, reconoció.
Sostuvo que la crisis también es generada por un tema de presupuesto. Explicó que la institución llegó a un acuerdo con el Gobierno para cubrir los sueldos, pero existen deudas pendientes como beneficios sociales, que suman Bs 28 millones.
“Tenemos obligaciones con los estudiantes en el pago de las ayudantías, becas y por otro lado los servicios básicos: les debemos a Cotas, a CRE, a Saguapac, a Entel por la fibra óptica. Para todas esas obligaciones no tenemos presupuesto. Seguro quedará como deuda pública para la siguiente gestión, pero tan poco se tiene previsto que se pueda cubrir para el próximo año”, añadió.
Sobre las causas de esta crisis, Nogales sostuvo que la principal es la caída de los ingresos por coparticipación tributaria.
Detalló que la universidad tiene tres fuentes principales de financiamientos: los recursos propios que generan cómo institución, luego está el soporte del Tesoro General de la Nación (TGN); que llega Bs 208 millones y por último está la coparticipación tributaria.
“El año 2016 estábamos en Bs 527 millones, eso creció a Bs 551 millones en 2018. Pero en 2019 llegamos a Bs 543 millones. Y para este año, tenemos anotados 470 millones. Estamos con más de 70 millones por debajo de lo que teníamos antes”, precisó.
Esta caída generó un desfase financiero en la universidad, que durante el periodo de la pandemia recibió Bs 410 millones. “Ese año nos faltó dinero y todo lo no pagado se convierte en deuda, ahora tenemos que lidiar con los gastos de este año, más la deuda del año pasado”.
“Esto nos mantiene en una situación crónica”, señaló.
La autoridad universitaria no ocultó que una parte de los problemas económicos se debe a una falta de eficiencia en el manejo de sus recursos, debido a que se exageró en la contratación de personal administrativo, porque “hay más administrativos de docentes”.
No obstante, también reveló que existe una fuerte caída en los ingresos de la coparticipación tributaria, que representa hasta un 63,64 % de sus ingresos.
La coparticipación tributaria es la distribución de los recursos que recauda el Estado por impuestos, de este total de recursos un 5% va de forma directa a las universidades según la distribución poblacional.
“El año pasado ya teníamos problemas y se ordenó usar, por única vez, los recursos de IDH para pagar sueldos y se logró una subvención extraordinaria de Bs 50 millones. Además, se permitió el diferimiento de la planilla del mes de diciembre, para ser pagada en 2021”, dijo.
Para Nogales el “problema está en la economía, es decir, si el Producto Interno Bruto (PIB) disminuyo y no cambia la presión tributaria” se tendrá una caída en los impuestos.
“Si el PIB sube vamos a tener un incremento en los impuestos, lo que sucede es que la caída de 2020 fue profunda la economía se recupera, pero no en la suficiente dimensión para que las instituciones tengan los ingresos que tenían antes”, afirmó.
Pero no solo la universidad se ve mermada en sus ingresos, dijo que todas las entidades y empresas dependientes del Estado tienen problemas de liquidez.
Mario Centellas, secretario de Administración y Finanzas del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra explicó que los recursos de “coparticipación han disminuido porque los ingresos por impuestos están siendo menos pagados”.
El funcionario señaló que antes la comuna recibía ingresos que sobrepasaban los Bs 1.000 millones. Pero para 2021 al municipio se le asignó Bs 914 millones, de los cuales “se han ejecutado 878 millones” y otros 142 millones que se agregarán en noviembre y diciembre.
“Como recursos propios tenemos 1.400 millones que representan el 55% de nuestros ingresos, mientras que el 45% es por coparticipación. Pero hay otros municipios como Warnes y Montero que dependen entre el 80 y 90% de coparticipación tributaria; igual los municipios chicos”, dijo.
El funcionario sostiene que mientras más complicada esté la economía pocos serán los recursos que reciban los municipios.
“Esto requiere incrementar la demanda agregada, que es acelerar la recuperación económica en Bolivia; para que las empresas tengan utilidades y haya más dinero, esa es la única forma de mejorar la recaudación”, señaló.
Para evitar estos problemas de liquidez, Nogales sostuvo que desde hace varios años se viene pidiendo un pacto fiscal para que el Gobierno no se quede con el 80% de los recursos, sino con el 50% y que el resto sea distribuido a los municipios, gobernaciones y universidades.
“Necesitamos una redistribución de los ingresos y eso requiere de un pacto fiscal”, precisó.
El panorama se complica más con la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social, que fue aprobada por la Asamblea, agrega Nogales, porque pondría a libre disponibilidad del Poder Ejecutivo Nacional los recursos de los municipios.
“Nos pueden obligar a hacer política con nuestros recursos”, dijo.
Otro conflicto que tiene en puerta el Gobierno, por la falta de recursos, es con los trabajadores de la Administradora de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana).
Einar Roca, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de Aasana señaló que por la crisis generada por la pandemia la entidad estatal quedó seriamente afectada.
Por este motivo dijo que los trabajadores pidieron auxilio al Estado para cubrir planillas de sueldos y el pago de servicios.
“En 54 años nunca pedimos plata porque Aasana pagaba con recursos propios, esta vez pedimos prestado al Gobierno nos dio Bs 54 millones que fueron usados para jubilar a 140 personas, trabajadores del área técnica”, afirmó.
Agregó que estos espacios laborales no fueron cubiertos por otras personas, sino por los trabajadores que tienen hasta dos turnos seguidos en los aeropuertos. Reveló que actualmente, Aasana debe cinco meses de sueldo a los operarios, deuda que suma un total de Bs 9,5 millones. (El Deber)